“Se hicieron constataciones a lo largo de la investigación y se le imputó a las personas que viven allí el delito de usurpación”, agregó.

“A raíz de eso la jueza de garantías dictó una resolución en donde dispone la restitución del inmueble, y como hay menores también dispuso que se haga dentro de 60 días desde que adquiera firmeza. Esa resolución se apeló y la Dra. Bruzzo la confirmó con los mismos fundamentos que la juez de Garantías”, explicó la fiscal.

Venta ilegal

La solicitud de restitución presentada por la Dra. Di Pretoro este martes se funda en que “los titulares del inmueble (Estado Provincial y Arzobispado) han llevado a cabo innumerables tratativas de solucionar el conflicto, lo que no tuvo éxito”.

“Si bien en su oportunidad se había otorgado un plazo de 60 días para la ejecución de la medida, a la fecha, ese plazo se encuentra vencido en función de que se ha intentado arribar a una solución pacífica y ordenada del conflicto, teniendo en cuenta que en la misma hay menores”, agrega.

En otro párrafo de la solicitud, la representante de la Fiscalía destaca que en el último tiempo “la situación ha empeorado, ya que se ha tomado conocimiento fehaciente de que los propios imputados se encuentran vendiendo lotes de manera ilegal”, lo que surge del informe realizado el 13 de agosto por el Área de la Niñez, Adolescencia y Familia de San José junto al Equipo de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, el cual fue adjuntado.

“Solicito se libre oficio para que se ejecute el lanzamiento de la medida y de esa manera se dé acabado cumplimiento a la orden dispuesta”, finaliza el escrito.

Este viernes tendrá lugar la audiencia en la cual se espera una resolución al respecto.